Pedro Olalla Atenas, 1 de mayo 2010
Para quien aún lo ponga en duda, conviene insistir en que la mayor arma de destrucción y de sometimiento en nuestros días es la deuda. Si no, que se lo pregunten a América Latina, al África Sub-Sahariana, al Magreb, a los países del sureste asiático, a los del antiguo bloque soviético o a todos los del llamado Tercer Mundo, que, durante las últimas décadas, viven desangrados por un proceso creciente de acumulación de deuda, mientras pagan por ello al Primer Mundo siete veces más de lo que reciben en supuesta ayuda al desarrollo. En términos históricos, la deuda es la continuación natural del colonialismo y perpetúa la misma violencia.
La deuda mata impidiendo el desarrollo y provocando el hambre. En los últimos cuarenta años, el hambre en el mundo se ha duplicado por efecto de la deuda, y los millones de muertes que atribuimos nominalmente al hambre son en realidad asesinatos imputables a los implicados en la explotación sistemática de la deuda.
¿Quiénes son? Bancos, sociedades financieras, compañías transnacionales y Estados del Primer Mundo, así como una sucia casta de gobernantes, funcionarios y directivos de grandes empresas comprados por los primeros en el Tercer Mundo. Tienen sus mansiones en Miami, en Londres o en Marbella, sus cuentas corrientes en paraísos suizos o caribeños y, en ocasiones (como Mobutu en el Zaire o Duvalier en Haiti), descubrimos con asombro que sus fortunas personales abultan tanto como la deuda del propio país al que representan y explotan.
El 19% de la deuda mundial está contraída directamente con dos instituciones nacidas en 1944 en la pequeña localidad de Bretton Woods, en el estado norteamericano de New Hampshire: son el Banco Mundial (International Bank for Reconstruction and Development) y el Fondo Monetario Internacional.
¿Cómo operan? “Convencen” a los gobiernos para que contraten sus préstamos, que, por considerarse de alto riesgo, vienen gravados con un tipo de interés entre cinco y siete veces superior al de los créditos normales; imponen la privatización y la venta a inversores extranjeros de los recursos naturales del país (minas, aguas, cultivos) y de las más rentables empresas públicas (puertos, telecomunicaciones, etc.); exigen exenciones fiscales para las inversiones de las multinacionales; “recomiendan” la compra de armamento y la inversión en fuerzas policiales que garanticen el orden público; aumentan los impuestos indirectos en bienes de consumo (IVA) y exigen austeridad y recortes en las prestaciones sociales. Por poner un ejemplo, a principios de los 80, las medidas restrictivas del FMI obligaron a Brasil a recortar su programa de vacunación contra el sarampión; todos los niños que, por no haber sido vacunados, murieron durante la epidemia de 1984, son víctimas directas del programa de reestructuración económica del FMI, aunque también puede llamárseles “efectos colaterales”. Mediante este “sistema”, los pueblos de los países pobres viven y mueren en la explotación para financiar a las clases dominantes de los ricos.
En estos momentos, tras haber preparado cuidadosamente el escenario, el FMI hace su entrada en Grecia. Las medidas que le exige al pueblo griego van en su línea habitual: contratación de préstamos, subida del IVA, recortes en pensiones, beneficios para los inversores, despidos y austeridad social. No se verá muy afectado el presupuesto militar, que, en el caso de Grecia, es el más alto de Europa, ni los recursos destinados a la compra de armamento, que sitúan al país entre los mejores clientes del mundo.
Tristemente, lo que está pasando en Grecia no es nuevo. Lleva pasando décadas en los países del hemisferio sur, de espaldas a la consciencia y a la conciencia de los adocenados consumidores del norte. Lo nuevo, ahora, es que la pestilente marea de la deuda ha llegado a las playas de Europa, a las hermosas playas de Grecia. Desde hace meses, en este país, la gente se rebela contra ello. Algunas voces, claro está, se preocupan por tranquilizar a los inversores y tratar de ofrecerles un solar sosegado y seguro para sus operaciones financieras; pero las más salen cada semana a la calle, a defender su sueldo, el fruto de su trabajo, su pensión, su derecho a las prestaciones sanitarias, y otras importantes conquistas sociales que la humanidad ha tardado siglos en conseguir. Algunas voces, más allá de la justificada indignación y de la lucha por el propio interés, alertan también a nuestra sociedad sobre la crisis estructural de nuestras democracias y sobre la profunda perversidad de nuestro sistema, que consiente un poder excesivo al sector financiero. Para quienes aún ven a los griegos como europeos díscolos y vagos que no se avienen a las pautas del sistema, sirva lo que pasa cada semana en las calles de Atenas como una profunda admonición sobre quienes son en realidad los enemigos de la justicia, de la democracia y de la solidaridad entre los hombres. Justicia y democracia siguen siendo ideas revolucionarias; y la “crisis” de Grecia no es sólo de Grecia, es, desgraciadamente, del mundo en que vivimos.
